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Xumek exigió disculpas públicas de la Iglesia para las víctimas

Los abogados de un conjunto de los denunciantes plantearon en sus alegatos una serie de medidas de reparación para los ex alumnos. Entre ellas, que se deje sin efecto el concordato por el cual Argentina reconoce un derecho paralelo, que es el del Vaticano, según informó Diario El Sol.

Alejandro Iturbide, jefe de Delitos contra la Integridad Sexual, Gustavo Stroppiana y Sergio Salinas, querellante.

Los abogados querellantes, Sergio Salinas y Lucas Lecour, formularon sus alegatos este martes haciendo un requerimiento similar al del Ministerio Público Fiscal en las condenas para los tres acusados, pero fueron más allá y le pidieron a los jueces del Tribunal Penal Colegiado N°2, que ordenaran una batería de acciones a distintos organismos intervinientes.

Puntualmente, como dos de los imputados son sacerdotes, los representantes de la asociación para la promoción y la protección de los derechos humanos (Xumek), reclamaron a la Iglesia «un pedido de disculpas mediante acto público a las víctimas realizadas con el acuerdo y participación de ésta».


Teniendo en cuenta que el instituto Próvolo de Carrodilla, el escenario donde se habrían cometido las vejaciones, fue cerrado y vendido a la Municipalidad de Luján de Cuyo, pidieron que la comuna «coloque una placa recordatoria de los terribles hechos que allí sucedieron».

Por otro lado, expresaron a los integrantes del cuerpo que tiene a cargo el debate que pidan al Ministerio de Salud de la provincia brindar de «forma inmediata, efectiva y por el tiempo que sea necesario, tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito con interpretes a todas las víctimas de auto, asegurando que se le otorguen todas las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo, ya sea a través de becas de transporte público o mediante la visita de los profesionales a sus domicilios».

Para Xumek también es imperioso que los damnificados accedan a un acompañamiento por parte del Estado para acceder a su primer empleo o bien que se les otorgue una beca para concluir sus estudios.

En tanto, para evitar que se repita un caso de estas características, los querellantes advirtieron sobre la necesidad de que se exhorte a la Honorable Legislatura de Mendoza a discutir el proyecto de ley de la figura del Defensor del Niño, con competencias para intervenir en ámbitos públicos o privados, laicos o religiosos, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 52 de la Ley 9139, Régimen jurídico de protección de las personas menores de edad.

A la vez, se ponderó que esta figura tenga la competencia para auditar instituciones en la que se encuentren niños albergados.

Entre otro de los puntos, se solicitó que se requiera al Congreso de la Nación a denunciar el Concordato con la Santa Sede de 1966 en todas aquellas prerrogativas que sean contrarias al marco constitucional y convencional actual, tales como la obligación de dar información, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, las cuales estén por encima de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

Fuente: Diario El Sol


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