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Durante la primer semana de julio se puede gestionar el pago de los ex empleados de YPF

A través de una conferencia de prensa desarrollada en el Punto Malbec del departamento, el Intendente de Luján de Cuyo Omar De Marchi, comunicó la liquidación de las indemnizaciones a favor de los antiguos trabajadores de la empresa. Finalmente se materializará un anhelo que permaneció, durante más de dos décadas, en la vida de los ypefianos.

El Jefe Comunal lujanino, Omar De Marchi y el Ingeniero Guillermo Verdaro, Director Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Hacienda de la Nación, fueron los actores protagónicos del histórico anuncio efectuado en las instalaciones del Punto Malbec de Luján de Cuyo. El mensaje especificó el reconocimiento al monto económico que deben cobrar los ex agentes de YPF, constituido a través de la Ley 27.133.

Detalladamente, la legislación, promulgada en el año 2015, determina que el Estado Nacional argentino reconoce una indemnización a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A, y/o a sus herederos o derechohabientes, a los cuales no se los hubiera incluido en el Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes.

En tal sentido, considerando la situación de que una gran cantidad de ex ypefianos son residentes de Luján de Cuyo, y sumado a la plena disposición que ofreció el Municipio para abordar la situación, se estableció como punto referencial -para llevar adelante el operativo que regularizará la situación de los ex empleados (condición previa para acceder a la liquidación del pago)- el Punto Malbec del departamento, ubicado en las intersecciones de Avenida San Martín y Mariano Moreno de la Ciudad de Luján.


Los ex trabajadores de YPF deberán acercarse a la sede lujanina a partir del lunes 1 de julio hasta el viernes 5, donde serán recibidos por autoridades de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial para abordar su situación y, en los casos necesarios, regularizarla de manera preliminar al acceso del pago que el Estado deberá ejecutar en un plazo máximo de 120 días.


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