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Caso Próvolo: la Iglesia quiere que la DGE sea parte en las causas por daño moral

El Arzobispado requirió que el gobierno escolar también sea convocado por la Justicia, al considerar que tenía bajo su cargo la supervisión del proyecto educativo, cuando tras las denuncias, el Ejecutivo determinó el cierre del instituto, según informa Diario El Sol.

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En el marco de las causas por daños y perjuicios que interpusieron las víctimas de los abusos sexuales del Instituto Próvolo, el Arzobispado pidió que se cite como parte –en algunas de ellas– al Gobierno de Mendoza, que, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), “ejercía la supervisión del instituto para la educación de los niños sordos”.

Mediante un planteo denominado “denuncia de litis”, el abogado Luis Horacio Cuervo solicitó que se informe a la DGE de la existencia de los procesos que están en curso, en los cuales se analiza un posible perjuicio o un daño a las víctimas y por el cual –de confirmarse por la Justicia– se determinará un resarcimiento económico.

En una de esas causas (la Nº400.686) Cuervo sostiene: “Durante toda la vida del instituto, las distintas supervisoras controlaron la institución no realizando ninguna denuncia de ningún tipo, aclarando que jamás hubo denuncia de los padres por ninguna irregularidad en el establecimiento”.


Sin embargo, según se desprende de la presentación, a raíz de las denuncias penales en el 2016, la DGE ordenó una intervención que derivó en el cierre preventivo del colegio religioso tras haber advertido irregularidades.

“Recién en los autos (….) sobre abuso sexual agravado, la Dirección General de Escuelas decidió suspender mediante la resolución citada, 93/17, aduciendo que ahora se habían detectado irregularidades, en el establecimiento, por lo que se hace la denuncia de litis, a los fines previstos por la norma y para que asuma la responsabilidad que le corresponde”, se sostiene en el pedido de la institución religiosa.

En este caso, la petición fue avalada por la jueza que entiende en ese tribunal y ordenó citar a la DGE y a otras congregaciones religiosas a las que la Iglesia también solicitó que se les informe de estas demandas.

Por otro lado, reclamaron la intervención en el proceso de las congregaciones a las que pertenecían los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y la monja Kumiko Kosaka.

El Gobierno manifestó que no ha sido anoticiado de esta pretensión y que desde la suspensión del instituto “todo está en manos de la Justicia”.

Los curas Corradi y Corbacho imputado por los abusos a alumnos del Próvolo.

Por su parte, fuentes del Arzobispado indicaron que, en el ámbito civil, el recurso “tiene como objetivo que se dé a conocer a otras personas jurídicas que pudieran tener parte en la demanda”.

«Buscan achicar responsabilidades»

El abogado de las víctimas, Juan Manuel Lavado, señaló que lo solicitado “es una estrategia del Arzobispado para dilatar los procesos. Para nosotros no cambia en nada y tenemos muy claro hacia quién dirigimos y consideramos responsable del daño, que son este organismo y la Obra de San José, ex dueña del Próvolo”.

Actualmente hay unas ocho demandas contra la Arquidiócesis de Mendoza por daños y perjuicios a las víctimas de los abusos en el colegio Próvolo, que funcionaba en Luján de Cuyo.

“Han rechazado nuestras presentaciones aduciendo que los hechos están prescriptos, nosotros entendemos que no, y, si bien son procesos largos, la finalidad es lograr una reparación para estas personas”, destacó y consideró: “Creo que lo que están buscando es achicar responsabilidades”.

El caso Próvolo

Los abusos sexuales en el instituto Próvolo de Luján salieron a la luz durante una actividad en la Legislatura, cuando una de las víctimas se animó a contar los ultrajes que sufrían por parte de los sacerdotes y de personal administrativo y que ocurrieron por décadas.

Según la causa penal, niños y adolescentes eran sometidos a vejaciones, principalmente en el hogar albergue, pero también hay víctimas que refirieron hechos durante los horarios de clase.

Por una decena de denuncias, hay dos curas detenidos con prisión preventiva y el empleado administrativo Armando Gómez, mientras que la monja Kumiko está presa con la modalidad domiciliaria.

El año pasado, uno de los acusados, Jorge Bordón –conocido como el Monaguillo– admitió 11 hechos y fue condenado en un juicio abreviado a una pena de 10 años.

Fuente: Diario El Sol


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