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Bento fue recusado por la muerte de un joven en Luján

La causa lleva 7 años sin avances.

Juez Federal investigado, Walter Bento.

A las imputaciones hacia el juez federal Walter Bento por ser considerado jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo, por aceptar coimas a cambio de beneficiar a presos; se suma la recusación de una causa en 2014, por la muerte de un joven en Luján de Cuyo.

El juez federal Walter Bento -actualmente investigado por pedir sobornos a cambio de beneficios procesales- fue recusado de una causa que comenzó hace siete años y que por el momento no tiene definiciones.

El 13 de junio de 2014, Andrés García Campoy de 19 años, conducía su Peugeot 504 por la ruta 7, en Luján de Cuyo, en el kilómetro 1060, cuando fue detenido por los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez en los controles de rutina. Si bien tenía todos los papeles en regla, y transitaba a la velocidad permitida, los uniformados lo hicieron descender del rodado para revisarlo. 


Luego, el joven apareció muerto de un disparo de arma de fuego que ingresó en la nuca, según el resultado de la autopsia, y la primera hipótesis que plantearon los gendarmes a cargo del retén fue que se trató de un suicidio.

En declaraciones a Télam en 2020, la madre del joven, Mónica Campoy, dijo que aún desconoce por qué asesinaron a su hijo y acusó al juez federal Walter Bento, a cargo de la causa, de “encubrir” un crimen, ya que “se encargó de no investigar nada y el expediente quedó cajoneado”.

En el vehículo del joven había una carabina del año 1860 que quería vender. Según la versión de los gendarmes, García Campoy los amenazó y luego usó el arma para suicidarse.

Mónica Campoy aseguró que su hijo Andrés García Campoy fue baleado por los gendarmes

Los uniformados declararon que le pidieron al joven que abriera las puertas traseras del auto que manejaba. Luego García Campoy ingresó por el costado izquierdo, se tiró en el asiento trasero, abrió la puerta derecha y empuñó la carabina, amenazó a los gendarmes y se mató.

Pero las pericias confirmaron que el joven no tenía rastros de pólvora, ni sangre en sus manos, ni en el auto. Por esto y por algunas inconsistencias en la declaración de los gendarmes, el fiscal Jorge Calle, que comenzó la investigación, los imputó por homicidio agravado. 

Al tratarse de Fuerzas de Nación, el caso pasó al fuero federal y cayó en manos de Bento.  El juez dictó falta de mérito para ambos sospechosos, quienes actualmente siguen prestando servicios en el Estado.

La causa no presentó avances sustanciales a pesar de los insistentes pedidos de la familia del joven por exhumar el cuerpo. Frente a esto, y a siete años de la muerte, solicitaron el apartamiento de Bento.

Durante la última semana, finalmente, los abogados querellantes recusaron al juez, y ahora se espera que la Justicia defina si acepta el pedido y pone a otro magistrado al frente de la investigación.

En 2016, el portal de noticias Sitio Andino había informado que la familia de García Campoy denunció que Bento nunca quiso entrevistar a testigos presenciales. Estos eran vecinos del barrio Alto Agrelo, ubicado frente al lugar donde ocurrió la muerte, quienes dijeron que en la noche posterior al hecho aparecieron varios gendarmes misteriosamente en el lugar. Entrevistaron a un hombre que “había visto todo” y horas después ese vecino desapareció del barrio.

Las pericias realizadas en el 2020 quedaron en pausa por la pandemia. “Nosotros siempre hemos sostenido que hay motivos para avanzar en la investigación de un crimen”, aseguró el letrado de la familia, y agregó que se trata de una causa compleja, “como todo caso de violencia institucional, y que tiene similitudes con la muerte de Alberto Nisman o Santiago Maldonado, pero sin trascendencia mediática”.

Campoy apareció muerto en el interior del auto con un disparo que ingresó por la nuca.

El abogado además contó que pidió el procesamiento de Cruz y Velázquez por el delito de “homicidio agravado por ser miembros de una fuerza de seguridad” -que prevé la pena de prisión perpetua- y que aún se encuentra pendiente de resolución. Asimismo, se quejó del “sumario exprés” que realizó la GNA a los dos agentes, ya que los “eximió de responsabilidad” y les permitió continuar en la actualidad cumpliendo funciones en otras dependencias de la fuerza, al considerar que el hecho “está resuelto, cuando en realidad está muy lejos de resolverse”.

En tanto, la madre del joven aseguró que en la autopsia, realizada por la Policía de Mendoza, “no le pudieron sacar el proyectil porque supuestamente se desintegró”, por lo que quiere “exhumar el cuerpo de Andrés y que se le haga una nueva autopsia. Me gustaría que lo hiciera el Cuerpo Médico Forense u otros especialistas que no tapen las cosas”.

“Pido que el presidente Alberto Fernández me ayude a aclarar la muerte de mi hijo, ya que se ha ocultado y embarrado todo. Basta de tanta impunidad. Los asesinos tienen que estar presos. Nunca los integrantes de las fuerzas de seguridad van a la cárcel, siempre se los defiende”, concluyó Mónica.

La causa por sobornos

A pesar de la feria judicial, continúa la indagatoria a Bento que comenzó el 8 de julio y que durante la primera jornada se extendió por más de 8 horas.

El juez federal está imputado por ser considerado jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo, por aceptar coimas a cambio de beneficiar a presos.

Fuente: MDZol, Telam, Sitio Andino y Correpi


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